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Sistema de Pensiones y Minas

Viernes 14 de Julio de 2006 .-


Con mucho cariño a mi pueblo salvadoreño, recordando, que pueblo, somos todos.
Hemos tenido 2 buenas noticias en el aspecto económico nacional, aunque un total retroceso en el proceso político.
Por un lado el Gobierno ha dispuesto dar marcha atrás en 2 casos de alta trascendencia nacional, que inciden negativamente en nuestra macroeconomía y que en nuestro programa de Aclarando Conceptos lo hemos denunciado varias veces en el pasado.
Por un lado la revisión del sistema de pensiones, ya que como dijimos anteriormente, si seguimos así, las finanzas del Estado colapsarían, en el próximo futuro: O colapsa el sistema o colapsa el Gobierno o colapsan ambos, mencionamos. No puede el Gobierno seguir cargando prácticamente con todo el pasivo y el nuevo sistema, sin pasivo inmediato apreciable, recibir todo el activo. Ojalá las voces de cordura dirijan a compartir beneficios y responsabilidades y no se dirijan negativamente a solventar el déficit, subiéndole varios puntos al IVA, como algunos presionan.
Es importante considerar que el pueblo ya no aguanta y el aumento al IVA, sería la debacle absoluta de la popularidad, que independiente de las condiciones económicas y políticas adversas de la mayoría de la población, todavía dispone el Presidente Saca; fuera de que sería un acto de injusticia adicional, cargar sobre las espaldas del pueblo trabajador (y aún más, del pueblo subempleado y desempleado) la mayor responsabilidad – y todavía incrementada – de la carga tributaria.
El segundo caso lo constituye el anuncio periodístico, que nosotros aplaudimos, que el Ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales adelanta que negarán licencias para explotar oro y plata y revocará un permiso extendido en 2004, aclarando que el Ministerio no tiene capacidad para garantizar la protección ambiental ante los proyectos de explotación minera, en Cabañas y en oros lugares de la zona norte.
Como dijimos anteriormente en varios programas de Aclarando Conceptos, la extracción de oro, y plata, a través de grandes perforaciones en el subsuelo, son altamente contaminantes y su manejo tecnológicamente adecuado, tan solo reduce, sin eliminar totalmente la contaminación. Son proyectos ecológicamente prohibidos.
Desde el punto de vista económico, en una posición de desarrollo a ultranza, tenemos que evaluar la relación costo-beneficio. E incluso desde una perspectiva económica, los beneficios para nuestro país, como están diseñados, serian prácticamente despreciables.
El Gobierno no tiene la capacidad – como ha sido manifestado de garantizar la protección ambiental – y esta es una posición de sinceridad política, muy rara de observar en el manejo de la cosa pública. Bien por el Ministro del Medio Ambiente. Pero el Ministerio de Economía debería reconocer, que tampoco tiene capacidad para determinar cuanto oro y cuanta plata hay o que otros minerales – más raros y más caros – se encuentran disponibles – ya que sólo dispone de la información que las mismas Empresas mineras le proporcionan, constituyéndose éstas: en juez y parte. Y tampoco el Ministerio de Hacienda tiene la capacidad para determinar los ingresos y egresos reales, de las compañías mineras y por consiguiente, la ganancia neta imponible para tasar impuestos. Considerándose que el impuesto de extracción que antes estaba al 4%, en lugar de subirlo al 10%, se disminuyó al 2% (para el Gobierno salvadoreño, repartido en partes iguales entre el Gobierno Central y el Gobierno Municipal: 1% cada uno) quedándole el 98% restante a las Empresas mineras y eso que el subsuelo constitucionalmente le pertenece al Estado), queda únicamente el 25% de renta imponible sobre las ganancias netas el único impuesto apreciable.
Esto es así teóricamente; ya que depende en la práctica de la declaración de las ganancias finales y de la capacidad de Ministerio de Hacienda de fiscalizarlas. No podemos dejar de manifestar que aún siendo el 25% una cantidad apreciable, ya que representa la cuarta parte de las ganancias, puede resultar prácticamente CERO, ya que el 25% de CERO es CERO, e incluso declarar pérdidas; lo que llevaría a que el Gobierno no recibiría impuesto de renta alguno, al final del cierre fiscal y tendría que devolver todo el pago a cuenta retenido previamente. Dado el gasto de exploración exageradamente declarado, los indicios indican que las Empresas mineras, en caso de autorizarse, están preparadas fiscalmente para declarar pérdidas.
A esto se agrava que las instalaciones fabriles permanentes son prácticamente CERO y que siendo productos de exportación, el IVA también sería CERO.
Si utilizamos el semáforo que utiliza el Diario El Mundo para calificar estas actuaciones en el caso específico de las minas, no dudamos en ponerle verde al Ministerio del Medio Ambiente; amarillo al Ministerio de Hacienda y rojo, al Ministerio de Economía.
Ojalá que esto sea el principio para que el Gobierno salvadoreño reanalice sus actuaciones en el gran marco de la Macro Economía y renegocie con los grandes proyectos que inciden enormemente en la economía nacional. La política tan sólo puede catalizar (acelerando o retardando) las reacciones populares; pero no las puede crear. Debe considerarse que la causa fundamental, son las dificultades económicas y sociales; las cuales el Gobierno debe – o intentar al menos – subsanar. De allí el concepto filosófico del funcionario público, como servidor público, lo cual se entiende que está al servicio del pueblo y no, sirviéndose del pueblo. Hay otros casos básicos que necesitan ser revisados urgentemente y que yo me he referido varias veces, con crítica constructiva, desde varios programas anteriores de Aclarando Conceptos, y que hoy me dispongo a editar y enviar a los responsables de la política nacional a manera de insumo. Si se quiere puntualizar, los 2 más importantes, son sin duda, el manejo del petróleo y derivados, y las tarifas eléctricas.
Si esto no se arregla, o al menos se renegocia, dentro de un diálogo sincero, entre todos los agentes involucrados, donde se garantice una ganancia justa, razonable y permanente y se evite – o se reduzca – ese aumento tarifario popular - a pesar paradójicamente - de un endeudamiento gubernamental adicional – nuestro país, no tiene futuro.